Junaeb: cómo se pierde la plata del PAE, gobierno tras gobierno

La semana pasada, el 27 de mayo de 2026, la Junaeb denunció ante la Fiscalía a una de sus empresas proveedoras: según la propia institución, le pagó más de $14 mil millones entre 2021 y 2023 por raciones que nunca se sirvieron. Onces escolares facturadas a $8.680 cuando la competencia ofrecía la misma colación por menos de $2.000. Comida que existía en el contrato, pero no en el plato del niño.

El caso es escandaloso, pero la pregunta que importa no es solo “quién se aprovechó”. Es cómo es posible que el Estado pague millones por comida que no llega, año tras año, durante distintos gobiernos. Porque eso es lo que muestran los datos: el PAE —el programa de alimentación escolar más grande de Chile, con más de $1 billón al año y 1,6 millones de estudiantes— pierde plata por un puñado de mecanismos que se repiten desde hace una década, sin importar quién esté en La Moneda.

En PROLIME revisamos los informes de la Contraloría, la evaluación oficial del programa y las cifras de las licitaciones. Esto es lo que encontramos.

El caso que lo retrata: $14 mil millones por onces que nunca llegaron

El proveedor es SOSER S.A., que operaba el PAE en la Región de O’Higgins. Es una empresa auditada por la Contraloría (Informe Final 760/2024) y denunciada penalmente por la Junaeb ante el Ministerio Público, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado el 27 de mayo de 2026. No hay sentencia: lo que sigue son hallazgos de auditoría y los términos de una denuncia, no delitos probados.

¿Qué encontró la auditoría? Tres cosas que, juntas, explican el mecanismo:

1. El contrato pagaba lo programado, no lo entregado. En 2022 una modificación contractual subió el componente fijo del pago del 40% al 60%. Es decir: la empresa cobraba la mayor parte aunque no entregara la comida.
2. Se eliminaron las bandas de precios en las bases de licitación. Eso permitió que la once de educación básica partiera en $6.522, llegara a $7.895 en 2022 y a $8.680 en 2023, muy por encima de la competencia.
3. Las raciones no llegaban. En 2022 se programaron 796.043 raciones y se entregaron 284. La denuncia suma, entre 2021 y 2023, alrededor de 3,3 millones de raciones pagadas y no servidas, por unos $14.363 millones.

Un detalle de contexto que conviene tener presente: la denuncia la presentó el actual director de Junaeb, Fernando Peña, designado por el gobierno de Kast, y fue enmarcada por el propio Ejecutivo como “la primera institución que el gobierno denunciará tras auditar a la administración anterior”. Es legítimo perseguir el fraude; pero, como veremos, el problema es más viejo y más ancho que una sola administración.

El gasto que no para de subir: de $592 mil a $921 mil millones

Antes del detalle, conviene ver el bosque. El gasto ejecutado del PAE creció 55,6% en términos reales entre 2013 y 2023 —de unos $592 mil millones a $921 mil millones, en pesos de 2024—, según la evaluación oficial de Dipres. No es el alza de un gobierno: la curva sube cruzando a Bachelet II, Piñera II y Boric.

Parte de esa alza tiene explicación legítima: subieron los precios de los alimentos, el salario mínimo y las exigencias nutricionales. Pero un programa que cada año cuesta más y que, a la vez, paga por raciones que no llegan y no cobra las multas, es un programa donde más presupuesto no garantiza que el plato llegue al niño. De hecho, el gasto suele ejecutarse por sobre lo presupuestado: en varios años se gastó más del 100% de lo presupuestado.

Seis maneras de perder plata en el PAE

El caso SOSER no es una anomalía aislada: es la versión extrema de fallas que el sistema arrastra. Estas son las vías por las que se fuga el dinero:

1. Sobreprecio por diseño contractual. Bases sin bandas de precios y contratos que pagan un alto componente fijo: se cobra lo programado, no lo entregado.
2. Raciones pagadas y no entregadas. El caso O’Higgins, pero también las cajas de alimentos de la pandemia (2020), que la Contraloría encontró cubriendo solo 3 a 8 días en vez de los 15 comprometidos, con miles de estudiantes elegibles que no recibieron nada.
3. Multas que no se cobran. El mecanismo más cuantificado, y el más estructural (lo vemos abajo).
4. Errores de focalización. Raciones que llegan a quien no fue priorizado y faltan donde sí se necesitan: la Contraloría y la evaluación oficial detectaron escuelas donde la comida enviada no alcanzaba para todos.
5. Mercado concentrado. Pocos proveedores se reparten casi todo, con poca competencia que discipline precios.
6. Fiscalización insuficiente. Cerca de 120 supervisores para unas 8.000 escuelas: imposible controlar la entrega real en terreno.

Las multas que nunca se cobran: más de $200 mil millones desde 2015

Si hay un dato que resume el problema, es este: las multas impagas por incumplimiento de proveedores superan los $200 mil millones acumulados desde 2015, según cifras de la propia Junaeb recogidas en la evaluación oficial del programa. Es cerca de un quinto del presupuesto anual del PAE.

¿Por qué no se cobran? Porque el procedimiento sancionatorio es lento y caro: las infracciones no se resuelven, los contratos no se cierran y las boletas de garantía quedan retenidas sin ejecutarse. En 2022 la Junaeb llegó a demandar a ex proveedores por $30 mil millones en multas impagas. Y en marzo de 2025 la Contraloría detectó 24 resoluciones de multa pendientes de pago de 9 proveedores —cada uno debía más de $200 millones, algunos más de $2.000 millones— y ordenó sumarios remitiendo los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

El punto es político y técnico a la vez: una multa que no se cobra no disuade a nadie. El proveedor incumple, sabe que la sanción rara vez llega, y el costo lo paga el sistema.

Un mercado de pocos

El PAE mueve más de un billón de pesos al año, pero lo reparten pocas manos. Según un análisis de CIPER sobre las licitaciones 2014-2021, cinco empresas concentran más del 70% de las raciones y las diez primeras superan el 85%. Mientras el volumen licitado crecía con fuerza en la década, el número de competidores caía de 35 a 23.

Menos competencia significa menos presión sobre los precios y más poder de las empresas frente al Estado que las contrata.

120 supervisores para 8.000 escuelas

Toda la cadena anterior descansa sobre una capacidad de control mínima. Según la evaluación oficial del programa, la Junaeb supervisa cerca de 8.000 establecimientos con alrededor de 120 supervisores. Es matemáticamente imposible verificar en terreno, día a día, que la comida llegue y tenga la calidad comprometida. Cuando el contrato paga por lo programado y nadie verifica lo entregado, el incentivo a incumplir es enorme.

Línea de tiempo: esto no empezó con Boric (ni terminó con él)

Acá está lo que casi nadie dice, y donde PROLIME pone el dato sobre la consigna. El problema cruza administraciones:

• Bachelet II (2014-2018): arranca la acumulación de multas impagas (“desde 2015”) y empieza el alza sostenida de costos del programa.
• Piñera II (2018-2022): las bases de la licitación regional que después detona el caso —sin bandas de precios— provienen de esta etapa, según el propio servicio. En 2020, las cajas de alimentos de la pandemia resultan deficientes y la Contraloría ordena sumario.
• Boric (2022-2026): ocurre el tramo más caro del caso SOSER (la modificación contractual de 2022 y los pagos por raciones no entregadas de 2022-2023), la Junaeb demanda por multas impagas (2022) y la Contraloría acumula reparos (el rechazo a la licitación de la BAES en 2024, las multas no cobradas y el caso SOSER en 2025). Es la administración en cuyo turno se pagó más por nada, y la fiscalización interna no lo frenó a tiempo.
• Kast (2026-): el nuevo director presenta la denuncia penal contra SOSER (mayo 2026), enmarcada como auditoría a la administración anterior.

Conviene además precisar quién dirigía. El director de Junaeb entre 2017 y 2022 fue Jaime Tohá, nombrado bajo Bachelet II y mantenido por Piñera II: su gestión cruza tres gobiernos. Bajo Boric dirigió Camila Rubio Araya (2022-2026). Y la Contraloría que fiscaliza todo esto no cambia con el gobierno de turno: es un órgano autónomo, con un mandato de ocho años (Jorge Bermúdez hasta 2023, Dorothy Pérez desde entonces). Por eso no existe “la Contraloría de Boric” ni “la de Kast”.

Fact-Check: el “$8.000” y el “$12,5 millones”

Dos cifras circularon con fuerza. Una es sólida; la otra hay que explicarla:

• “Onces a $8.000”: real. El precio de la once de básica en el contrato de SOSER llegó a $8.680 en 2023, según la auditoría de la Contraloría y la cobertura de prensa. Es el dato ancla.
• “$12,5 millones por ración”: engañoso si se cita pelado. Ese número sale de dividir el total pagado por las 284 raciones efectivamente entregadas en un tramo. No es un costo unitario real ni una métrica de la Contraloría: es una forma de ilustrar el absurdo de pagar millones por casi nada. Citarlo como “el Estado pagó $12,5 millones por un plato de comida” es impreciso. Lo correcto es: se pagó por cientos de miles de raciones que no se entregaron.

Que PROLIME aclare esto, aun cuando “suena bien” para el argumento, es justamente el punto: los datos mandan sobre los titulares.

Posición PROLIME

La plata del PAE no se pierde por un villano de turno. Se pierde por una arquitectura que sobrevive a todos los gobiernos: contratos que pagan lo programado y no lo entregado, bases sin bandas de precios, multas que no se cobran, un mercado concentrado y 120 supervisores para 8.000 escuelas. El cambio de gobierno cambia quién denuncia, no la causa raíz. No es solo Boric, no es solo Piñera, no es solo Kast: es el diseño del programa.

Eso no exime a nadie. En el turno de cada administración hubo decisiones —y omisiones de fiscalización— que dejaron correr la pérdida. Pero perseguir a una empresa cada cierto tiempo, sin arreglar el diseño, garantiza que el próximo caso de este tipo ya esté en gestación en otra región.

Lo que proponemos es atacar la causa, no el síntoma:

1. Pago contra entrega verificada, no contra lo programado: si la ración no llega, no se paga.
2. Bandas de precios obligatorias en todas las bases, para cerrar el sobreprecio.
3. Cobro efectivo y automático de multas y boletas de garantía: una sanción que no se ejecuta no existe.
4. Más capacidad de fiscalización en terreno y verificación digital de la entrega (registro por establecimiento).
5. Desconcentrar el mercado: bases que no expulsen a los proveedores chicos y abran competencia real.

Cierre

Cada peso que se pierde en una once que no llegó es un peso que no alimentó a un niño que sí lo necesitaba. El debate fácil es buscar al culpable del gobierno que no nos gusta. El debate que sirve es arreglar el sistema que hace posible el robo, gobierne quien gobierne. Eso es lo que PROLIME va a seguir empujando: menos cacería de turno, más reglas que no se puedan burlar.

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Nota metodológica: este análisis se apoya en informes de la Contraloría, la evaluación oficial del PAE (Dipres) y cobertura de prensa de referencia, con corte al 28 de mayo de 2026. SOSER S.A. es una empresa con contratos reparados por la Contraloría y denunciada penalmente por la Junaeb; a la fecha no existe sentencia firme. Las cifras de multas impagas acumuladas y de concentración de proveedores provienen de datos de la Junaeb y de análisis de prensa, no de un agregado oficial publicado por el servicio.

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