Oficio 16, PAE y Junaeb: el cambio de gobierno y un vacío legal que sobrevive a todos

El 21 de abril de 2026, el Ministerio de Hacienda emitió el Oficio Circular N°16, instruyendo a los ministerios sobre la formulación del Presupuesto 2027. Tres días después, el 24 de abril, el contenido del anexo del Ministerio de Educación se filtró a la prensa: en el listado de 15 programas recomendados a “descontinuar” aparecía el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En las 96 horas siguientes, el Presidente, el Ministro de Hacienda, el subdirector de Dipres, el director de Junaeb y cinco diputados entregaron lecturas distintas del mismo oficio. Hubo denuncia ante UNICEF, contradicciones entre la voz técnica y la voz política del propio Ministerio, y una pregunta de fondo que casi nadie hizo: ¿cómo es posible que una circular interna ordinaria abra un debate nacional sobre el alimento de 1,6 millones de niños y niñas?

Este estudio reconstruye los hechos con fuentes primarias, identifica el contexto del cambio de gobierno del 11 de marzo de 2026 (Boric → Kast) como pieza clave del análisis, y describe el vacío legal estructural que está debajo del episodio.

El cambio de gobierno como contexto

El 11 de marzo de 2026, en el Congreso Nacional en Valparaíso, José Antonio Kast Rist asumió la Presidencia de la República, sucediendo a Gabriel Boric Font. El cambio de mando incluyó la rotación de los principales cargos relevantes para esta historia:

Cargo	Boric (2022-2026)	Kast (2026 →)
Ministro de Hacienda	Mario Marcel Cullell	Jorge Quiroz Castro
Director(a) Dipres	Javiera Martínez Fariña	José Pablo Gómez Meza
Ministro/a Educación	Nicolás Cataldo	María Paz Arzola
Director Junaeb	(saliente)	Fernando Peña Rivera (designado por “bala de plata” en abril 2026)

Esto importa porque entre septiembre de 2025 y abril de 2026 hay tres pronunciamientos formales del Estado chileno sobre el PAE, firmados por administraciones y personas distintas. Confundir cuál es de quién — o ignorar el cambio — debilita cualquier análisis serio. El Oficio 16 no es Dipres contradiciéndose con sí misma: es el gobierno entrante hablando del legado técnico del gobierno saliente.

El programa, en cifras

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es operado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Entrega ración diaria a aproximadamente 1,6 millones de estudiantes en alrededor de 12.000 establecimientos del país, en niveles prebásico, básico y medio, en escuelas municipales y particulares subvencionadas. Sumado al Programa de Alimentación Párvulos (PAP) — también operado por Junaeb —, el conjunto entrega cerca de 4 millones de raciones diarias.

El presupuesto 2026 del PAE, consignado en la Ley N°21.796 — aprobada bajo la administración Boric y publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2025 —, asciende a $1,141 billones, un crecimiento real cercano al +10,9% respecto al año anterior. La ejecución 2025 fue de $1.061.028.664.000 según informe oficial de Dipres.

El programa emplea a más de 35.000 trabajadoras manipuladoras de alimentos — cifra que Junaeb entregó a las federaciones del rubro en abril de 2026.

Indicador	Valor	Fuente
Beneficiarios diarios	≈ 1,6 millones de estudiantes	Junaeb
Raciones diarias (PAE + PAP)	≈ 4 millones	Junaeb
Establecimientos cubiertos	≈ 12.000 escuelas y jardines	Junaeb
Presupuesto PAE 2026	$1,141 billones	Dipres, partida 09
Ejecución PAE 2025	$1.061.028.664.000	Dipres
Trabajadoras manipuladoras	> 35.000	Junaeb

El Oficio Circular N°16: qué dice y qué no dice

El Oficio Circular N°16 es un instrumento normal del ciclo presupuestario. Cada año, antes de la formulación del proyecto de Ley de Presupuestos, Hacienda emite oficios con orientaciones a los ministerios. No es una decisión presupuestaria, no es un proyecto de ley, no modifica el Presupuesto 2026 vigente.

Sí es, sin embargo, un documento técnico-político que define el marco que los ministerios deben usar para proyectar sus presupuestos. En este caso particular:

• Está firmado por el ministro Jorge Quiroz Castro (administración Kast, en funciones desde el 11 de marzo de 2026) y dirigido a todos los ministros de Estado.
• Plantea un ajuste fiscal permanente de hasta $5,4 billones hacia 2027.
• Revisa 142 programas estatales y los clasifica en tres categorías: “descontinuar”, “ajuste de al menos 15%” y “sin observaciones”.
• Cita textualmente: “el actual proceso de formulación presupuestaria se inserta en un escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma […] los ministerios proyecten sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual”.

El anexo del Ministerio de Educación revisó 91 programas en total. La distribución fue:

Categoría	Programas Mineduc
Descontinuar	15
Sin observaciones	34
Ajuste presupuestario ≥ -15%	42

Entre los 15 a descontinuar, junto al PAE, aparecen el Programa Nacional de Lectura, el Plan de Fortalecimiento para el Desarrollo de las Artes, el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría, el PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior), Reinserción Escolar y otros 9 programas.

Tres pronunciamientos del Estado, dos administraciones, un programa

Aquí está el primer hallazgo central, ahora con los firmantes correctamente identificados.

Pronunciamiento 1 — septiembre de 2025, administración Boric. Dipres, bajo la dirección de Javiera Martínez Fariña, publica la Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA) del PAE — período 2013–2023, ejecutada por SCL Econometrics S.A. como consultora externa. Clasificación final: “Desempeño Medio”. La formulación del problema, citada literalmente del Resumen Ejecutivo + Respuesta Institucional, describe que el PAE atiende a niños, niñas y jóvenes en riesgo de inseguridad alimentaria.

Importante: la EFA fue ejecutada por una consultora externa, no por opinión política de la directora Dipres ni del ministro Marcel. Su clasificación técnica es un hecho documental que sobrevive al cambio de gobierno: el informe está publicado hoy en el sitio oficial de Dipres y permanece consultable bajo la administración Kast.

Pronunciamiento 2 — septiembre de 2025, administración Boric. La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público (“Marcel-Grau”), convocada por el ministro Mario Marcel y entregada al ministro Nicolás Grau y a la directora Dipres Javiera Martínez Fariña el 4 de septiembre de 2025, presentó 34 propuestas de ajuste fiscal estructural por un ahorro proyectado de $1.941.888 millones anuales (≈ 0,6% del PIB).

Las propuestas 24 y 25 sugerían descontinuar 48 programas con desempeño insatisfactorio y 76 programas con presupuesto menor a $1.000 millones. Pero la comisión excluyó explícitamente al PAE de cualquier listado de programas a descontinuar. The Clinic (28-04-2026) reproduce textualmente del informe Marcel-Grau:

“para el Programa de Alimentación Escolar y el Programa de Extensión Horaria no consideran recorte de recursos”, por “excepción por tratarse de un programa para el cual no existe oferta programática para resolver el problema de política pública”.

Pronunciamiento 3 — abril de 2026, administración Kast. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz Castro, designado el 11 de marzo de 2026, emite el Oficio Circular N°16 que incluye al PAE entre los 15 programas Mineduc a “descontinuar”. El 28 de abril, en defensa del oficio, Quiroz atribuye el término “descontinuar” a la Comisión Marcel-Grau (Tiempo21, BioBío Chile).

La paradoja real

La paradoja no es que Dipres se contradiga con sí misma. Las dos administraciones tienen direcciones distintas — Martínez bajo Boric, Gómez Meza bajo Kast. Esa diferencia es esperable en una transición.

La paradoja real es que el ministro de Hacienda del gobierno entrante atribuye al instrumento técnico del gobierno saliente algo que ese instrumento no dijo. La Comisión Marcel-Grau, designada por Mario Marcel y entregada en septiembre de 2025, excluyó explícitamente al PAE de los programas a descontinuar. El ministro Quiroz, del gobierno Kast, cita esa misma comisión como justificación para incluirlo.

Lo que cambió entre septiembre de 2025 y abril de 2026 es el gobierno, no la EFA, ni el informe Marcel-Grau, ni los datos de cobertura del programa. Lo que se contradice no es Dipres con sí misma — es el gobierno entrante con los instrumentos técnicos del saliente, citándolos para decir lo contrario de lo que dijeron.

La fricción intra-Kast: cinco voces en 96 horas

El segundo hallazgo central es que la fricción institucional no se da entre administraciones, sino dentro de la propia administración Kast, en menos de cuatro días tras la filtración del anexo Mineduc del Oficio 16.

Cinco voces, todas del mismo gobierno actual:

Fecha	Vocero	Cargo (administración Kast)	Posición
26-abril	José Antonio Kast Rist	Presidente de la República	”No tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños”. Atribuye el oficio a problemas de gestión en Junaeb
27-abril	José Ignacio Llodrá	Subdirector de Racionalización y Función Pública, Dipres	En seminario PUC: “Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”. Sin comunicado institucional formal de Dipres
27-abril	Fernando Peña Rivera	Director Nacional de Junaeb (designado por Kast vía “bala de plata” en abril 2026)	Ratifica continuidad del PAE en reunión con 12 federaciones de manipuladoras: “Los alumnos beneficiarios del PAE seguirán recibiendo su alimentación de forma normal, sin interrupciones”
28-abril	Jorge Quiroz Castro	Ministro de Hacienda	Defiende el uso de “descontinuar” como término técnico preciso: el programa “en su diseño actual, no debe continuar operando”. Atribuye el término a la Comisión Marcel-Grau
28-abril	Diputados Cuello (PC), Santana (PS), Pinilla (DC), Serrano (PC), Pizarro (PC)	Oposición parlamentaria	Denuncia ante UNICEF Chile invocando derecho a la alimentación y principio de no retroceso

Cuatro de las cinco intervenciones — Kast, Llodrá, Peña, Quiroz — son del mismo gobierno actual. Y ninguna de las cuatro es coherente con las otras tres en cuanto al sentido literal del término “descontinuar”:

• El Presidente Kast atribuye el oficio a problemas de gestión interna y descarta el recorte.
• El subdirector de Dipres reformula el término.
• El director de Junaeb, militante del Partido Republicano y nombrado por el propio Kast vía “bala de plata” en abril, ratifica continuidad operativa.
• El ministro de Hacienda defiende la literalidad del término.

Esta fricción no se explica por cambio de gobierno: las cuatro voces pertenecen a la misma administración Kast. Es contradicción intra-gobierno, registrable como hecho político institucional.

Sobre Fernando Peña Rivera específicamente: militante del Partido Republicano, ex asesor de Harald Beyer en Mineduc bajo Piñera 1 y ex SEREMI de Educación Región del Biobío bajo Piñera 2, fue designado director nacional de Junaeb en abril de 2026 mediante el mecanismo de “bala de plata” del Sistema de Alta Dirección Pública, que permite al Ejecutivo nombrar hasta 12 cargos directivos sin concurso durante los primeros tres meses de gobierno. Cuando Peña defiende la continuidad del PAE, lo hace dentro de la administración Kast — no como legado de Boric.

El caso Soser y los hechos que cruzan tres gobiernos

El PAE tiene problemas reales de fiscalización documentados por la Contraloría General de la República. El más grave de los recientes es el caso de Soser S.A. en la Región de O’Higgins — licitación ID 85-18-LR20, período marzo–diciembre 2022 —, recogido en el Informe Final 760/2024 de la CGR.

Campo	Detalle
Período auditado	Enero 2021 – diciembre 2022 (administración Piñera 2)
Ámbito territorial	Regional — Región de O’Higgins
Pago realizado por Junaeb	$3.554 millones por 796.043 raciones programadas
Raciones efectivamente entregadas	284 raciones (84 en septiembre y 200 en octubre de 2022)
Modificación cuestionada	Cambio de ponderación: el componente fijo subió de 40% a 60%, el variable bajó de 60% a 40%. La modificación no pasó por toma de razón previa de la CGR
Sobrepago global estimado	$4.640 millones según preinforme CGR del 11-04-2024 (no firme)
Acciones administrativas	CGR remitió antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y abrió sumario administrativo

Cronología institucional cruzada por tres gobiernos:

• Los hechos auditados ocurrieron entre 2021 y 2022, bajo la administración Piñera 2.
• La auditoría se publicó en 2024, bajo la administración Boric.
• El sumario y la remisión al CDE siguen abiertos al cierre de este informe, bajo la administración Kast.

Ningún gobierno tiene exclusividad sobre los problemas de fiscalización del PAE: son estructurales, no partidarios.

Algunas notas de prensa dividieron los $3.554 millones entre las 284 raciones efectivamente entregadas, obteniendo cerca de $12 millones por comida. Esa métrica no es de la CGR: el informe cuestiona el diseño contractual — la modalidad de pago fijo/variable que permite cobrar por raciones programadas en lugar de raciones entregadas —, no el costo unitario nominal.

Distinción clave: el caso Soser corresponde a un contrato regional específico (Región de O’Higgins, una sola licitación, mar–dic 2022). No representa el desempeño nacional del PAE ni del conjunto de operadores adjudicados. Su valor analítico es ilustrar un patrón de diseño contractual cuya replicación en otras regiones es una pregunta abierta, no una afirmación cerrada.

A esto se suman observaciones documentadas por la CGR en otros frentes Junaeb: la auditoría 2020 de cajas COVID; los errores graves en una licitación PAE/Párvulos por $760 mil millones que Junaeb tuvo que retrotraer; la adjudicación BAES anulada por la CGR en 2024.

El PAE tiene problemas de diseño contractual y de fiscalización documentados que ameritan reforma seria. Esos problemas son distintos de la decisión política sobre la continuidad del programa.

Inseguridad alimentaria infantil: el dato que el oficio no menciona

El Oficio 16 propone descontinuar el PAE y otros 14 programas educacionales en el contexto de un ajuste fiscal de hasta $5,4 billones. La pregunta que el oficio no responde es qué pasa con el problema que el PAE resuelve si el programa se descontinúa.

Los datos públicos sobre inseguridad alimentaria en Chile se basan en el indicador FIES (Food Insecurity Experience Scale) de FAO, aplicado en la encuesta CASEN del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La CASEN 2024 fue levantada y publicada bajo la administración Boric (publicación enero 2026, antes del cambio de mando):

Indicador (% personas)	2017 prepandemia	2022 pospandemia	2024
Inseguridad alimentaria moderada + severa	16%	20%	19%
Inseguridad alimentaria severa	8%	10%	9%

Chile no ha vuelto a niveles prepandemia. Aproximadamente 2 de cada 10 personas en Chile reportan saltarse comidas o no acceder a alimentos en cantidad y calidad adecuada durante el último mes (2024). Este dato es independiente del cambio de gobierno: es estado de cosas estructural a la fecha de levantamiento.

Para el caso específico de niños y niñas, los datos desagregados de CASEN 2022 — el último corte público con esa apertura — entregaron lo siguiente:

Indicador (CASEN 2022, niñez)	Valor
Niños/as con inseguridad alimentaria moderada o severa	> 900.000 (1 de cada 5)
Niños/as en hogares con inseguridad alimentaria de algún grado	1 de cada 2
Niños/as en hogares en pobreza con inseguridad moderada-severa	45%
Aumento desde 2017	+3 puntos porcentuales en moderada-severa

El PAE cubre, en raciones diarias, una base equivalente a una fracción mayoritaria de la población escolar vulnerable. Una proporción no menor de los niños y niñas que hoy reciben alimento gracias al PAE viven en hogares cuya seguridad alimentaria depende, en parte, de esa ración. Cuantificar el efecto contrafactual de una reducción significativa del programa excede el alcance descriptivo de este estudio — y debiera ser tarea de Dipres, MDS y Junaeb antes de cualquier decisión —, pero el orden de magnitud no se puede ignorar al discutir la palabra “descontinuar”.

El vacío legal: por qué una circular abrió un debate nacional

Aquí está el hallazgo estructural y la razón profunda del episodio. Y es lo que sobrevive a cualquier cambio de gobierno.

El PAE no tiene ley marco. Su existencia se sostiene sobre tres capas:

1. Ley N°15.720 (1964): crea Junaeb y le encomienda la asistencia social al estudiante. No detalla estándares nutricionales, criterios de focalización, mecanismos de licitación ni consagra el PAE como derecho permanente.
2. Regulación administrativa: resoluciones, bases de licitación, manuales operativos — modificables por la administración sin pasar por el Congreso.
3. Ley de Presupuestos del Sector Público anual: actualmente la Ley N°21.796. La continuidad operativa del programa depende de esta glosa anual.

El ciclo presupuestario chileno está regido por el Artículo 67 de la Constitución, que entrega al Presidente la iniciativa exclusiva del proyecto, y por el DL 1.263 de 1975, que ordena que el Presupuesto quede totalmente tramitado al 1° de diciembre. El PAE depende, en última instancia, de que cada año la glosa correspondiente aparezca y de que el monto asignado permita operarlo. Si una administración decide en su proyecto presupuestario reducirlo o eliminarlo — y el Congreso no lo restituye con un aumento que la propia Constitución le impide hacer —, el programa se vacía operativamente.

Punto crítico: el vacío legal es independiente del gobierno de turno. Existió bajo Bachelet 2, bajo Piñera 2, bajo Boric, y existe hoy bajo Kast. Cualquier gobierno futuro lo encontrará intacto si nadie legisla. Lo que cambia con cada administración es el lenguaje administrativo concreto — y eso es exactamente lo que el episodio del Oficio 16 dejó en evidencia.

Por eso un oficio interno ordinario del nuevo gobierno pudo abrir un ciclo informativo de cuatro días sobre el alimento de 1,6 millones de niños y niñas. No hay un texto legal específico que defina al PAE como derecho permanente con estándares fijos. La distinción entre “descontinuar”, “reformular” y “ajustar” depende del lenguaje administrativo y de la voluntad política coyuntural, no de un piso legal estable.

En mayo de 2025, bajo la administración Boric, la FAO Chile (Eve Crowley) entregó al Ministerio de Educación y a Junaeb una propuesta técnica de Ley de Alimentación Escolar elaborada con sociedad civil y mundo académico. Ese trabajo quedó sin tramitar al cambio de gobierno. Al cierre de este informe — abril de 2026, ya bajo administración Kast — no existe boletín ingresado en el Congreso que reciba dicha propuesta y el articulado completo no se ha publicado oficialmente.

En tramitación legislativa hay dos boletines vinculados al PAE:

• Boletín 18.020-06 — establece condiciones laborales permanentes para las trabajadoras manipuladoras de alimentos. Protege al personal del programa, no al beneficio mismo.
• Boletín 12.102-04 — alimentación escolar saludable (criterios saludables, opciones vegetarianas/veganas, huertos escolares). Modifica el contenido del PAE pero no lo institucionaliza como derecho.

Ninguno de los boletines en tramitación consagra hoy el PAE como derecho garantizado por ley marco.

Lo que hacen otros países

Sin pretender que sean modelos directamente trasplantables, dos casos relevantes muestran que es posible — y deseable — institucionalizar la alimentación escolar por norma legal del nivel central, independiente de quién gobierne.

Brasil — Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Marco normativo: Ley N°11.947 de 2009 (Lei do PNAE). La ley exige que al menos 30% de los recursos transferidos por el Fondo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a estados, distrito federal y municipios para el PNAE se destinen a la adquisición directa a la agricultura familiar. La ley es de 2009 y ha pasado por gobiernos Lula, Rousseff, Temer, Bolsonaro y Lula nuevamente sin ser modificada en su núcleo.

Estados Unidos — National School Lunch Program (NSLP). Marco normativo: Richard B. Russell National School Lunch Act (1946), administrado por el USDA Food and Nutrition Service. Cobertura: alrededor de 30 millones de estudiantes diarios en escuelas públicas y privadas sin fines de lucro participantes (cifra prepandemia). Desde 1946, el programa ha sobrevivido a 13 administraciones presidenciales — demócratas y republicanas — sin sufrir interrupciones por glosa presupuestaria.

Lo que ambos casos comparten — y el sistema chileno no replica — es exactamente esto: el programa de alimentación escolar está consagrado en una ley específica del nivel central, con estándares y reglas de compra fijadas por norma, y no depende exclusivamente de la glosa presupuestaria anual para su existencia. Esa diferencia institucional es lo que protege a esos programas de los ciclos de cambio de gobierno.

Cuatro hechos verificables al cierre del episodio

Estos son los cuatro hechos que cualquiera puede verificar contra documentos oficiales y prensa nacional. No son opiniones, son hechos:

1. Una circular interna ordinaria del Ministerio de Hacienda — instrumento técnico-propositivo, no vinculante — abrió un ciclo informativo nacional de 96 horas sobre el alimento de 1,6 millones de niños y niñas (24-28 abril 2026).

2. El ministro Quiroz atribuyó el término “descontinuar” a la Comisión Marcel-Grau. La Comisión Marcel-Grau, designada por el ministro Marcel y entregada en septiembre de 2025, excluyó explícitamente al PAE de los programas a descontinuar (cita reproducida por The Clinic 28-04-2026).

3. Cinco voces del gobierno Kast entregaron lecturas distintas del Oficio 16 en 96 horas: el Presidente Kast, el Ministro de Hacienda Quiroz, el Subdirector de Dipres Llodrá y el Director de Junaeb Peña — más la denuncia parlamentaria de oposición. Cuatro de las cinco intervenciones son del mismo gobierno actual.

4. El PAE no tiene ley marco específica. Se sostiene en la Ley 15.720 (1964, crea Junaeb), regulación administrativa modificable sin Congreso, y la glosa anual de la Ley de Presupuestos. Este vacío legal existió bajo Bachelet 2, Piñera 2, Boric y existe hoy bajo Kast.

Posición PROLIME

El episodio del Oficio 16 dejó al desnudo dos cosas distintas y separables.

La primera es un problema de lenguaje administrativo y coordinación intra-gobierno dentro de la administración Kast: cinco voces del mismo gobierno con cinco lecturas distintas del mismo documento, citando mal una comisión del gobierno anterior. Eso es una falla de gestión pública del gobierno actual, registrable como hecho institucional. No es un problema partidario — la falla es de coordinación, no de ideología.

La segunda — y mucho más importante — es un problema estructural que lleva en Chile más de seis décadas y sobrevive a todos los gobiernos: la inexistencia de una ley marco específica del PAE. Bachelet 2, Piñera 2, Boric y ahora Kast operaron sobre el mismo vacío legal. Cualquier gobierno futuro lo encontrará intacto si nadie legisla.

PROLIME sostiene que la prioridad institucional debe ser resolver el problema estructural, no convertir el episodio coyuntural en un debate partidario. El alimento de 1,6 millones de niños y niñas no puede depender del lenguaje preciso que cada año se incluya o se omita en una glosa presupuestaria — y mucho menos del nivel de coordinación interno del gobierno de turno.

Las preguntas que abre el vacío legal son técnicas, no ideológicas:

1. ¿Debería el PAE consagrarse en una ley marco específica con estándares nutricionales, criterios de focalización y mecanismos de compra pública definidos por norma legal — al estilo de la Ley 11.947 brasileña o de la NSLP estadounidense?
2. ¿Debería incorporarse al texto legal el principio de no retroceso en cobertura, invocado por los diputados denunciantes ante UNICEF el 28 de abril de 2026?
3. ¿Debería la ley marco institucionalizar las condiciones laborales permanentes de las trabajadoras manipuladoras — hoy renegociadas anualmente vía glosa — como ya intenta el boletín 18.020-06?
4. ¿Debería la ley marco fijar reglas claras de control de proveedores, bandas de precios y modalidades de pago fijo/variable, a la luz del informe final 760/2024 de la CGR sobre el caso regional Soser?

PROLIME entrega este informe a parlamentarios, asesores legislativos, fundaciones y medios técnicos como insumo para responder esas preguntas. La redacción del articulado de una ley marco específica corresponde a una pieza separada, en la que PROLIME está dispuesta a colaborar con quien decida tomar la iniciativa — desde cualquier sector político del Congreso.

El Programa de Alimentación Escolar tiene problemas de fiscalización y diseño contractual reales que merecen reforma estructural. Esos problemas son distintos — y deben tratarse separadamente — de la decisión política sobre la continuidad del programa. Mientras Chile no consagre el PAE en una ley marco específica, seguiremos repitiendo el episodio del Oficio 16 cada vez que cambie un ministro, un gobierno o una glosa.